El gobierno le abrió las calles en El Espino para que pudiera hacer su centro comercial. Conoció el proyecto del Puerto de Cutuco muy a tiempo para comprar tierras, aún a precios bajos, en las cuales pretende hacer ahora infraestructura para el desarrollo turístico.
La semana pasada llegó a la Asamblea Legislativa a decirle a los diputados cómo deben ser las leyes para estimular el desarrollo turístico (ver El Diario de Hoy, 10 de diciembre, p.8). En cuatro días, la evasión fiscal tenía ya carácter legal: con 45 votos de ARENA, PCN y PDC se aprobó la ley que exime de pagar impuestos, durante diez años, a las inversiones turísticas de más de $50 mil dólares, incluyendo el IVA y los impuestos municipales.
La nueva ley se asemeja a la Ley del Fomento al Turismo decretada en 1967, cuando Poma no era Poma y los de entonces quisieron, e hicieron, lo mismo. La de aquel año contemplaba exenciones fiscales por cinco años y no solicitaba inversión mínima. El país de 1967 era otro, dominado por una clase económica que ejercía el control político, económico y social desde las exportaciones de café, los bancos y el comercio exterior.
Aún no habíamos entrado en guerra contra Honduras y, aunque algunos grupos ya se organizaban en células revolucionarias, estábamos lejos de la guerra civil que nos comenzaría a lacerar una década después. El coronel Julio Rivera presidía el país y Francisco José Guerrero era el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero quienes realmente tomaban las decisiones eran los mismos que controlaban la economía nacional.
La ley de fomento al turismo era tan abusiva que sus exenciones fiscales fueron derogadas en 1989, bajo el mandato de Alfredo Cristiani y siendo presidente de la Asamblea Ricardo Valdivieso. En ese entonces, en los albores de la fiebre neoliberal, se dijo que tales exenciones iban en contra de las reglas del mercado.
Con el país en paz y con las privatizaciones surgió una nueva clase económica, esa misma que se ha beneficiado de un gobierno cómplice, en buena medida, para permitirles seguir haciendo negocios a costa de una desigualdad creciente y la desesperación de una ciudadanía que ahora busca otras fronteras para realizar sus sueños de dignidad.
Mientras el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y el PNUD reclaman un nuevo modelo económico, mientras la comunidad internacional exige mayor transparencia y distribución de la riqueza, mientras la CEPAL recomienda elevar las tasas de impuestos para evitar el déficit fiscal y propiciar un mayor desarrollo en un país pobre, y mientras el Ministro de Hacienda dice que la reforma administrativa pretende cerrar la puerta a la evasión fiscal de la gran empresa, los diputados que aprobaron la reciente ley de fomento al turismo han preferido seguir al pie de la letra las recomendaciones de Ricardo Poma, siendo presidente Elías Antonio Saca y presidente de la Asamblea Ciro Cruz Zepeda.
¿A quién, verdaderamente, representan estos legisladores? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo se puede propiciar desarrollo local alrededor de polos turísticos si el municipio no recibe nada de la riqueza generada? ¿De qué le sirve al país la llegada de turistas si al Estado no le dejan absolutamente nada? A lo mejor tendríamos que esperar que la filantropía de Poma se encargue de construir un malecón agradable, un paseo marítimo o unas calles bonitas y alumbradas en La Unión.
Los beneficios fiscales, al menos en el librito, sirven para propiciar desarrollos donde no los hay. Para ayudar a levantar empresas que de otra forma la tendrían difícil, y con base en planes estratégicos de desarrollo por zonas geográficas y rubros. Podrían servir para propiciar que algunas viviendas sean remodeladas y convertidas en hostales, por decir algo, en Morazán. Pero no para que gente que no necesita incentivos, como el Grupo Poma, sean eximidos de sus obligaciones fiscales para poner un hotel de lujo en Multiplaza.
La gente que quiera poner un hotelito o un restaurante de un precio menor a 50 mil dólares no será beneficiada por la nueva ley. Pero ya tendremos, aparte del de Multiplaza, un gran complejo hotelero de 18 manzanas en la Costa del Sol que el propio Poma anunció hace casi un año, otro hotel de lujo en La Unión y los demás que tenga en mente esperando a los turistas y sin dejarle nada al Estado ni a la ciudad.
De paso, Poma debería solicitar incluir en la nueva ley a sus centros comerciales, porque en un país donde prácticamente no hay espacios públicos, o en el que ir a las pocas plazas que quedan es un verdadero reto a la integridad física, los centros comerciales son la única alternativa. ¿Adónde más llevamos a los turistas? Como dijo alguien, qué fácil es ser rico en un país pobre. Sobre todo con esa clase de diputados.